Litio en Argentina: ¿para quién juega el Estado?

Por Adriana Gil

Spoiler alert: al litio ya lo están explotando, ya lo están exportando y ya tiene beneficiarios mayoritarios, que lastimosamente, no son los propios argentinos o, al menos, no la mayoría. El Estado, las elites locales vinculadas a la minería y parte de la clase dirigente son quienes convalidan y legitiman la depredación minera en Argentina. El proyecto de país vigente es el que sigue asegurando el atraso y el subdesarrollo, establecido por las clases dominantes para sostener sus negocios y afianzar la dependencia que siempre les ha resultado favorable a expensas de la riqueza común.

La cuestión en torno al litio, ha vuelto a plantear incesantes interrogantes acerca de que se hará con su explotación y cómo se lo considerará en una política pública. Argentina es parte de un mundo global en el que la transición energética ha cobrado impulso, cuenta con parte de los más grandes reservorios de este mineral y está dentro de los países con “ventajas comparativas” muy atractivas.

Con una historia de casi total primarización, América Latina no ha podido romper con el modelo extractivista operado por las transnacionales, sufriendo permanentes obstrucciones hacia una verdadera soberanía que impulse el aprovechamiento de sus recursos naturales en una industrialización que potencie el crecimiento. Se nos recuerda la riqueza invaluable en recursos al tiempo que, tanto la memoria larga como la más reciente, nos devuelve a una escena real en la que ninguna explotación minera o energética en Argentina ni en ningún otro país sudamericano ha producido desarrollo o prosperidad. Por el contrario, después de proveer históricamente las materias primas baratas para convertir en potencia al Norte Global, seguimos siendo la región más postergada y desigual del planeta.

El extractivismo, que es el modo de relación del capital neocolonial, transnacional con países proveedores de materias primas, no sólo no ha generado bienestar económico, sino que ha significado en la mayoría de los casos, la devastación medioambiental, el agotamiento de recursos no renovables, la profundización del subdesarrollo, la desposesión de las comunidades indígenas de sus territorios y la profundización del empobrecimiento de las poblaciones. Los recursos naturales explotados y exportados como commodities constituyen una pérdida económica, socioambiental y soberana en desmedro del desarrollo nacional. La entrega del valor en bruto de un mineral, sea el litio o cualquier otro, resigna la oportunidad estratégica hacia el verdadero proceso de crecimiento económico que es el manejo soberano de esa renta para su industrialización. Una vez exportados en bruto, esos recursos se reproducen en una multiplicidad infinita de mercancías cuyo valor agregado nos devuelve nuestra parte como eslabón saqueado en la cadena de super acumulación de los países centrales y nuestra impotencia frente al despojo.  

El Norte Global demanda litio

Argentina junto con Chile y Bolivia conforman el llamado Triángulo del litio con un total del 60% del total de los salares del mundo y el 80% de los disponibles en salmuera. De esta estimación total, a Argentina le corresponde el 22,1%, a Bolivia el 16,4% y a Chile el 61,4% según un estudio realizado por Vera Mignaqui y Miguel Lacabana de la Universidad de Quilmes(1). Estos autores sostienen, además, que el Norte Global proyecta minimizar el impacto ambiental en el ecosistema causado por su propia contaminación, mediante el reemplazo de los combustibles fósiles por energías renovables como el litio. Necesitan este mineral para regenerar su matriz energética y las baterías de litio como medios de almacenaje de energía lo que constituye “un metaproceso global que determina la evolución de la situación local por lo que no puede entenderse la dinámica de la explotación del litio en la Puna sin el contexto global.”

Nuevamente, se inicia un ciclo de saqueo de recursos minerales para paliar la crisis energética a que se exponen los países centrales y acumular reservas de energía a expensas de agotar las zonas más ricas y a la vez más vulnerables y empobrecidas del planeta. ¿Podrá Argentina torcer esa historia de despojo que ha producido el extractivismo neocolonial y establecer una estrategia para el aprovechamiento de la producción del litio o de cualquiera de sus recursos estratégicos?

¿Quiénes explotan y exportan el litio en Argentina?

Según la secretaria de Minería, actualmente en Argentina hay dos explotaciones de producción de litio en operación, el Salar de Olaroz en Jujuy y el Salar del Hombre Muerto en Catamarca. La primera, operada por Orocobre SA, Toyota Tsusho y Jemse, empresa estatal con una participación minoritaria del 8,5%, y la segunda, la Mina Fénix, en manos de la estadounidense Livent, ex FMC Lithium Corporation.

Los actores que intervienen en el extractivismo en los países periféricos son parte de la poderosa matriz de capitales concentrados que operan sobre la economía global, sean empresas estadounidenses, australianas, japonesas o chinas. A su vez, estas corporaciones tienen curiosamente, socios de diversa laya: fondos de inversión como BlackRock, fondo buitre tenedor de deudas soberanas como la argentina, entre otras; bancos como el HSBC, acusado por lavado de activos del narcotráfico mexicano y de facilitar la evasión fiscal, como la ocurrida en Argentina con las 440 cuentas de argentinos en Suiza, denunciadas por Herve Falciani; agencias financieras altamente influyentes en los flujos mundiales de capital como JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos y principal socio de la Reserva Federal en el manejo de los rediseños financieros globales; Vanguard, esta última, gestora de fondos de inversión con acciones en las más grandes y monopólicas compañías mundiales desde Coca Cola hasta Uber pasando por Walt Disney, Monsanto y Apple, entre otras. Estos son los capitales que están explotando el litio que es recurso natural de todo el pueblo argentino.

Aún más, como señalan en la nota de El Destape web “Los principales beneficiarios del litio argentino”: “los cuatro fondos (Blackrock, Vanguard, JP Morgan y HSBC) son accionistas cruzados entre ellos, de manera que componen un complejo entramado societario que, directa o indirectamente, los coloca como principales beneficiarios de los dos proyectos que hoy extraen y exportan litio desde Argentina”.

Argentina: cazar en el zoológico.

Lo que se denomina “gobernanza de los recursos minerales” no es sino el modo en que una nación se da una política pública que ponga en valor y resguarde esos recursos por ser patrimonio de todos sus habitantes y de las futuras generaciones. Si no lo hace, ocurre lo que Federico Nacif, citado en el informe de Mignaqui y Lacabana, describe: “la cesión de renta minera al capital transnacional a cambio de desarrollo de pequeñas burguesías provinciales requiere de una activa política pública para garantizar su sostenibilidad frente a los conflictos eco-territoriales que las nuevas explotaciones pudieran generar.”

Es decir, en Argentina existe una política pública minera, pero en sentido contrario a la defensa y aprovechamiento de dichos recursos en beneficio integral de la nación. Son las corporaciones transnacionales las que exportan el litio sin que haya una decisión política nacional que, en conjunto con las provincias productoras, se apropie de una parte sustancial de esa renta.

Martín Obaya en un informe de Fundar(2) llamado “Una mirada estratégica al triangulo del litio”, señala que a diferencia de Chile y Bolivia, el marco jurídico impositivo argentino es demasiado permisivo, producto de las reformas de los noventa que, siguiendo “los lineamientos del Banco Mundial procuró que la prioridad de la regulación fuera la creación de un “entorno favorable” para la atracción de empresas extranjeras.”

Estas reformas son:

-El artículo 124 de la Constitución Nacional que delega en las autoridades subnacionales la administración de los recursos mineros.

-El Código de Minería de la Argentina, de 1886 y reformado en 1997 donde se le otorga al Estado el dominio originario de las minas. La propiedad del subsuelo corresponde al descubridor, quien puede explotar los recursos previo otorgamiento de una concesión estatal y el abono de un canon minero.

-La Ley 24.196 de Inversiones Mineras de1993, que ofrece dos tipos de incentivos a los emprendimientos mineros: estabilidad fiscal y beneficios impositivos. El primero establece estabilidad fiscal por el término de treinta (30) años. Esto implica que las empresas no podrán ser afectadas durante ese período por nuevos tributos nacionales, provinciales o municipales.

Principales impuestos nacionales y provinciales:

-Impuesto a las Ganancias: la ley prevé la deducción de los montos invertidos en prospección, exploración y estudios de factibilidad. De aquí se deriva que el riesgo asumido por el resultado incierto de la actividad es asumido por el Estado. Además, tienen la posibilidad de amortización acelerada para el Impuesto a las Ganancias sobre las inversiones en equipamiento, obras civiles y construcciones.

-Impuesto al Valor Agregado: se ofrece la devolución anticipada del IVA para la importación o compra local de bienes vinculados con la construcción de infraestructura y el pago de gastos asociados a la exploración.

–Ingresos Brutos y regalías:  son losimpuestos provinciales, según lo establecido en la Ley de Inversiones Mineras. Obaya indica que “las regalías están fijadas en un 3% sobre el valor en boca de mina del producto, luego de deducir los costos de producción declarados por la empresa. (…) Se suma a lo anterior la deducción del total del Impuesto sobre Combustibles Líquidos, y exenciones impositivas en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, tasas aduaneras y aranceles asociados a la importación de equipos, bienes durables de producción e insumos, contribución sobre la propiedad minera, Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, y retenciones a las exportaciones.”

Finalmente, el Acuerdo Federal Minero establece que las “provincias propiciarán la eliminación de aquellos gravámenes y tasas municipales que afecten directamente a la actividad minera”.

Como se ve, una normativa alineada casi en su totalidad con las demandas de las empresas que ven así maximizadas sus ganancias. Después de descontarse los gastos de producción, se destina a los Estados productores menos del 1,5% en regalías. No quedan dudas de que la matriz extractivista, financiera y extranjerizante está más robusta que nunca y sigue anudando sus negocios con socios locales a fin de proteger este monumental saqueo. Como agravante, las explotaciones mineras de litio tampoco son significativas en cuanto a la generación de empleo, como sostienen Mignaque y Lacabana: comparadas con las minas Veladero (oro) con 4000 personas y La Alumbrera, con 2167 personas, un proyecto de litio no ocupa más de 400 personas. Y más evidente aun, si se compara con la industria automotriz que genera alrededor de 115.000 empleos registrados.

Otra sería la situación si Argentina pudiera disponer de la rica renta minera para salir del subdesarrollo, como hicieron Corea del Sur y China que permitieron la inversión de capitales transnacionales, pero se aseguraron para si una parte de esa renta y eso les permitió potenciar un inmenso crecimiento económico.

El rol del agua en la explotación del litio

La explotación del litio es una minería de agua, es decir, requiere el uso intensivo del agua en su explotación y proceso de elaboración.

Para esta nota, consultamos a una especialista tucumana en geología que pidió reserva de su nombre y señala lo siguiente: “no es que obtengan el agua de los pequeños arroyos o de las vegas que hay con agua, que es lo superficial. Primero hacen perforaciones con hidro geólogos y luego analizan los contenidos salinos de esa agua que van explorando. Ellos dicen que utilizan agua que no es potable, o sea que es adecuada para la separación de litio, pero no es adecuada para el consumo humano. Aquí, muchos discuten si esas perforaciones hasta que llegan al agua que tiene contenidos no apropiados para el consumo humano, si atraviesan algún acueducto que sea utilizable por el ser humano, no pueda contaminarlo después por la extracción de esa agua. Si bien está químicamente vedada para el uso humano sirve para lavar el líquido. La separación del litio se hace a cielo abierto, o sea, que una vez que sacan esa agua son como piletas en donde se lava el material y se deja el secado a cielo abierto. También ahí existe la preocupación de que no vaya a percolarse en la sub base agua con soluciones de minerales que no sean adecuados para el uso humano. Ese es uno de los temas del litio. El antes es que había agua para que la gente viva en condiciones muy modestas y con una limitación de agua tremenda, pero sobrevivían en ese paisaje tan desértico y tan áspero. Pero el agua que estaba en subsuelo y que se manda a superficie que a su vez pueda contaminar los acuíferos los preocupa también, porque si se quedan sin agua por efecto de este cambio climático van a tener que hacer perforaciones. Pasa más o menos lo mismo que pasaba en el Valle Calchaquí, en Santa María, cuando estaba La Alumbrera; la hidrogeología no es mi especialidad, pero todos sabemos cómo son estos procesos. Esperemos que avance lo suficiente como para evitar que se produzcan esas contaminaciones, porque para ellos es muy necesario que trabajen ingenieros químicos especialistas en hidro química, o sea que sepan muy bien cómo manejar el agua y que además respeten aquellos acuíferos que sean muy posibles de explotar por los pobladores. Y básicamente la legislación, la base de todo este maremoto de situaciones es que tenemos esa falencia en la legislación para explotar este gran tesoro que constituye una cordillera que se extiende desde Estados Unidos y vienen las montañas hacia el oeste hasta la Patagonia. O sea, cualquiera sea la cordillera tiene que ser producto de explotación minera, pero con las condiciones adecuadas para que el país se quede con valores importantes y que pueda industrializar ese producto y eso no está legislado. Sí, ese es para mí la conclusión y el agua como un ad hoc muy importante porque juega un rol importante para cualquier extracción.”

El plan de la Secretaría de Minería de la Nación

Este organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación elaboró un informe llamado “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero argentino” (3) en el cual se establecen los cinco atributos considerados relevantes para la explotación minera y van desde la minería inclusiva hasta la minería competitiva. Según lo enunciado en la presentación del programa el objetivo es “dotar a la Argentina de una estrategia compartida acerca de como debe desarrollarse la actividad minera en los próximos años con miras a contribuir al desarrollo sostenible de la Nación, de las provincias y de sus habitantes”.

Sin embargo, la lectura del documento no hace sino confirmar la casi nula voluntad estatal de aprovechar la explotación minera y su renta en ese sentido. Inicia reconociendo que las inversiones mineras del capital transnacional eligen países como el nuestro que les garantiza estabilidad jurídica, tributaria, en infraestructura, en costos, etc. El detallado trabajo se limita a conformar una suerte de programa de gobierno de mitigación eco ambiental, inclusión de las poblaciones afectadas, desarrollo en materia de innovación y tecnología sin precisar en ninguna parte de qué modo podría lograrse todo eso sin modificar el aspecto tributario que favorece en casi el 100 por ciento a las empresas y sacarle la carga de la casi totalidad de los costos operativos al Estado. Una expresión de deseo que se desvanece en el vacío, mientras lo concreto queda en manos extranjeras.

Jujuy

En 2011 el gobierno jujeño declaró al litio “recurso mineral estratégico de la Provincia de Jujuy” y en ese mismo año decretó la “constitución de una Sociedad del Estado bajo la denominación Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE). A partir de ahí, “el Estado jujeño negoció una participación accionaria en una empresa instalada en la provincia que le ofrece prioridad de venta sobre el 5% de la producción”, según el informe de Obaya.

En los últimos días de junio, la provincia gobernada por Gerardo Morales fue el escenario de una violenta represión a protestas de docentes y empleados estatales que reclamaban por mejoras salariales y a las que se sumaron las comunidades indígenas con cortes en las principales rutas de la provincia. La protesta popular tomó el tono de pueblada al conocerse que, con la reforma de la Constitución provincial aprobada de manera exprés, se violaban entre otros, derechos ciudadanos a la protesta social, excesiva protección a la propiedad privada y la habilitación para apoderarse de tierras habitadas ancestralmente por los pueblos originarios cuya preexistencia es reconocida por la Constitución Nacional.

Estos conflictos como los sucedidos en Salinas Grandes, por ejemplo, están manifiestamente ligados a la explotación de litio y son la consecuencia que se deriva de un negocio multimillonario que requiere via libre y “paz social” para llevar adelante lo que David Harvey denomina “acumulación por desposesión” tanto a los Estados como a las poblaciones.

Las tensiones sociales en los territorios donde se explota el litio se sucederán mientras las comunidades originarias vean amenazadas sus formas de vida y la propiedad de sus tierras cuyo dominio es ancestral. El poder político y el poder económico de las oligarquías locales lo saben y apuestan a resolver con la violencia que sea necesaria las resistencias y las luchas de los pobladores y campesinos. Una vez más, el Estado se subordina y somete a sus ciudadanos a la pérdida de derechos para facilitar el drenaje del subsuelo común y eso es lo que se procuró con esta reforma constitucional en Jujuy.

Sin embargo, las posibilidades no están clausuradas y la resistencia del pueblo jujeño lo demuestra. Argentina tiene la posibilidad de limitar el despojo de sus recursos, modificando la normativa jurídico impositiva y disponer de la renta minera y puede además conformar un bloque regional con los demás países productores de litio, Chile y Bolivia, para negociar juntos mejores condiciones de explotación. Podrá hacerlo con voluntad política pero también con la sensibilidad para incorporar la fuerza de la resistencia popular que también emana de nuestro subsuelo.  

Referencias:

1)”Economía y ambiente: la extracción del litio en salmuera en la Puna argentina”. Mignaqui,Vera y Lacabana, Miguel.

2)”Una mirada estratégica sobre el triangulo del litio” Martin Obaya, Fundar.

3)“Plan Estratégico para el Desarrollo Minero argentino”. Secretaría de Minería.