Las AFJP. Todo (lo malo) puede volver.
El candidato ultra neoliberal de LLA, Javier Milei, plantea en su plataforma electoral una reforma previsional integral que implica, entre otras medidas, la privatización del sistema y la apropiación de los aportes de millones de trabajadores. Qué significó la existencia de estas corporaciones financieras y cuál es el riesgo de su retorno.
Por Adriana Gil
En junio de 2003, a un mes de asumir la nueva administración de Néstor Kirchner, su ministro de Economía Roberto Lavagna declaró que el régimen previsional privado producto de la reforma menemista de 1993 “fue un fracaso” y que los afiliados hubieran obtenido más dinero en una caja de ahorros sin las usurarias comisiones que se les retenían. Se iniciaba así la primera revisión de la situación previsional para la futura estatización y vuelta al sistema de reparto que ocurriría recién en 2008.
El candidato cuyo tercio fue el más votado en las PASO, Javier Milei, tiene en su carpeta programática de gobierno un proyecto para una reforma integral del sistema previsional argentino. Acorde con su objetivo de achicamiento del Estado, en un revival de las reformas estatales ocurridas en la dictadura del ’76 y en los noventa, ese proyecto se basa en una nueva privatización de los fondos de jubilaciones y pensiones, es decir volver a un sistema privado de capitalización. Actualmente, tienen cobertura previsional aproximadamente 6 millones de personas, a quienes se suman aquellos que accedieron por medio de la moratoria previsional, instrumento que se remonta también al primer gobierno kirchnerista.
Milei expone abiertamente su pretensión de reformar el Estado mediante la eliminación de todo lo que considera gasto inútil e improductivo, es decir, todo lo que involucre una redistribución de la riqueza producida por las grandes mayorías del país. Su programa se emparenta con aquel que en los noventa menemistas significó la aplicación descarnada de políticas neoliberales que pulverizaron décadas de producción de riqueza común en la formación de empresas estatales. La masa de aportes jubilatorios es, una vez más, el objetivo de las corporaciones financieras transnacionales expectantes de que los colaboradores locales les habiliten el juego en la periferia. Las AFJP fueron un fracaso y una estafa, tanto para las arcas del Estado como para los arruinados aportantes que vieron sus ahorros depreciarse sin pausa en el juego perverso de la especulación financiera.
¿Qué fueron las AFJP?
Con la promulgación de la Ley 24.241 de 1993 durante el mandato de Carlos Menem se creó el régimen de capitalización individual por el cual los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores registrados serían administrados por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, las AFJP. Estas empresas se integraron con aseguradoras y capitales privados, estatales o mixtos. El cinismo reinante la había denominado Ley de Solidaridad Previsional y prometía asegurar la protección en la vejez con el 82% móvil que – justificaba- el Estado no podía garantizar. Una vez más, mediante la denuncia del déficit fiscal crónico del sistema previsional, se iniciaba un nuevo ciclo neoliberal de saqueo. Las promesas de incrementar la cobertura y ampliar el mercado de capitales jamás se cumplieron.
Según detallaba Julio Sevares en una nota en Le Monde Diplomatique apenas iniciado el gobierno de Kirchner, los problemas de la jubilación privada podían sintetizarse “en cuatro puntos:
-fuerte pérdida de ingresos fiscales
-caída de los aportes por el aumento de la desocupación
-elevado costo para los aportantes
-devastadores efectos de la colocación compulsiva de deuda pública en las carteras de las AFJP, decidida por Domingo Cavallo a fines del 2001.”
Este experimento del capital concentrado propinado a las personas y sus ahorros, produjo el desfinanciamiento del Estado que dejó de percibir los aportes de millones de personas, pero debía continuar pagando las jubilaciones del sistema público.
Por otro lado, aumentó la deuda pública nacional entre 1995 y 2001 por la pérdida de esos aportes jubilatorios dirigidos al sistema privado, según consignaba el Ministerio de Economía en esos años. La reforma decidida por Cavallo continuó agravando el déficit porque redujo las contribuciones patronales a la seguridad social del 15% al 11% de los salarios. La medida se justificaba en que de ese modo las empresas contratarían más personal algo que ocurrió, pero bajo el acostumbrado método del trabajo en negro, es decir sin proveer de aportes al Estado ni al trabajador.
La rapiña que significó la capitalización privada todavía es difícil de cuantificar porque no sólo destruyó el tejido social solidario entre trabajadores y jubilados, sino que sus efectos perniciosos continuaron durante largos años y todavía son un perjuicio sin resolver para quienes continúan afectados. La consecuencia más nefasta se hizo visible en toda su crudeza cuando al año 2003 según ANSES el 32% de la población mayor de 65 años carecía de una jubilación. Sin olvidar que los haberes jubilatorios fueron congelados por 10 años y tres cuartas partes de las personas en edad de jubilarse eran indigentes. Las AFJP fueron una monumental estafa neoliberal que no garantizaron la cobertura prometida, ni la expansión de los aportes voluntarios mientras cobraban compulsivamente enormes comisiones calculadas en los U$S 10.600 millones según fuentes de ANSES.
La dramática situación de los jubilados en el país condujo a resolver la situación vía moratoria previsional en el año 2005 para incluir a la masa de personas dejadas a su suerte durante la década neoliberal menemista que sufrieron desocupación y explotación, al tiempo que se los arrojaba a un futuro de indigencia y abandono en la vejez.
La estatización de los fondos de pensión
El negociado financiero con las jubilaciones llegó a su fin en noviembre de 2008, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se sancionó la ley que restituía al Estado el rol de garante de los fondos jubilatorios y se creaba el Sistema Previsional argentino. La decisión implicó la transferencia de 74.000 millones de pesos a la administración del Estado nacional y se constituyó el Fondo de Garantía de la seguridad social. La ley se votó con 46 votos a favor y 18 en contra, entre otros con la mayoría de la UCR, la Coalición Cívica y Fuerza Republicana de Ricardo Bussi, aliado ahora a LLA. Se terminaba así la ominosa voracidad neoliberal, que inició en el país la dictadura del ‘76, y que garantizó al capital financiero una rentabilidad extraordinaria sin parangón en el mundo.
Todas las operaciones de las AFJP sumadas a las decisiones económicas del gobierno menemista que perjudicaron a los aportantes fueron, en última instancia, violatorias del artículo 14 bis de la Constitución nacional pues significaron el congelamiento de la movilidad previsional y la sucesiva e indetenible pérdida de beneficios económicos que garantizaban su seguridad social.
Frente a esto
El futuro por delante, con sus sombrías representaciones, nos posiciona en puntos de encrucijadas, en zonas abiertas donde poder comprender qué potencialidades del presente y del pasado vienen en nuestro auxilio. En un hermosísimo texto, Walter Benjamin nos sigue diciendo que nada debe darse por perdido para la historia, como los girasoles que se vuelven en busca del sol, las generaciones pasadas buscan en un acuerdo secreto a las generaciones presentes para hacer que cese la opresión; cada uno de nosotros tiene una cita con el pasado, con las luchas pasadas, pero sólo si podemos reconocerlo, porque es un destello que se nos escapa; esa es nuestra responsabilidad ante las amenazas y los peligros que no cesan nunca de acecharnos.
Referencias
– Julio Sevares, ¿Qué fue de los aportes jubilatorios?, Le Monde diplomatique, junio de 2003.
– “El régimen de capitalización a ocho años de la Reforma Previsional”, Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
-Informes 2001, 2003, 2008, Ministerio de Economía de la Nación.
-Informe N°2, “Alcance de la seguridad social”, junio de 2021, Anses.
