Democratizar el Poder Judicial para lograr su independencia
Por Mario Racedo*
La independencia del poder judicial es una garantía establecida a favor de los ciudadanos y está ordenada para que los jueces puedan despachar sus sentencias de modo libre y exenta de presiones de otros poderes del estado y de otros centros de poder económico, políticos, mediáticos, etc, etc.-
Su lejano inspirador ideológico fue Montesquieu, quien en “El Espíritu de las Leyes” (1748) postulaba que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial no deben concentrarse en las mismas manos. Se trata de una teoría de contrapesos, donde cada poder contrarresta y equilibra a los otros y con sentido fundacional de lo que luego se entendiera como independencia judicial, expresaba: “tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor”. Sus palabras, pronunciadas en un escenario europeo en el que la burguesía empezaba a disputarle el poder político a la nobleza y perseguía estructurar un nuevo estado cuyas representaciones políticas fueran permeables al empuje de los cambios que ya se insinuaban en el tránsito de una economía agraria y rentística al de un capitalismo naciente de intercambio. Se verá cómo el cambio de aquel contexto con el advenimiento del capitalismo global, impuso la necesidad de resignificar el concepto de independencia judicial.
En aquel sentido, acotado a la idea de un poder judicial refractario a la intromisión del ejecutivo y legislativo en su hacer institucional, ha sido tradicional y dominante en los ámbitos académicos, en el foro y en los medios de comunicación. Generaciones de abogados, jueces y políticos se formaron en esa lectura y ríos de tinta se escribieron para insistir en lo conocido. En preservación de la independencia judicial se dijo que la Constitución reconocía a los jueces el carácter vitalicio de sus funciones, la intangibilidad de sus remuneraciones y la estabilidad de sus cargos de los que sólo pueden ser removidos mediando justas causas y un engorroso procedimiento de juicio político.
Más recientemente, se reconocieron otras circunstancias que amenazan la independencia judicial, aludiéndose ahora a las de orden interno de la administración de justicia, que en sus dimensiones deja ver, las que generándose en el ámbito mismo del poder es ejercida por los propios tribunales superiores en desmedro de los otros jueces y la que registra el mismo juez, en tanto sujeto, en la resolución de los casos que se le llevan a decidir en los que debe enfrentar a sus propios prejuicios, ideología, fantasmas, deformaciones profesionales, sentido de pertenencia a una casta, etc, y por otra lado, las externasentre las que se cuentan los factores de poder políticos, económicos, mediáticos, etc. que tratan de influir en la toma de decisiones de los magistrados.
La experiencia argentina, particularmente la de los Tribunales Federales con asiento en Buenos Aires, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el mismo fuero penal tucumano, ha producido bochornosos ejemplos de pérdida de independencia judicial al mostrarse tolerantes, obsecuentes y permisivos a las presiones del Ejecutivo nacional, de grupos económicos poderosos y de empresas mediáticas. Estas afrentas a la independencia judicial atraviesan casi todos los fueros y los casos más paradigmáticos se dejan ver en las causas de contenido patrimonial que comprometen intereses de grandes empresas -léase grupo Clarín y de cómo diversos jueces de todas las instancias abortaron la aplicación de la ley de medios- y en otras en las que se juegan propósitos y proyectos políticos del Ejecutivo de turno, para lo cual empleara al fuero penal como herramienta de persecución a sus adversarios políticos. Esta última modalidad, conocida comolawfare -guerra jurídica- o uso del sistema judicial para desacreditar al contendor político, generó los más abyectos casos de dependencia judicial al habilitar prisiones preventivas que funcionan como verdaderas condenas, estragando el principio de inocencia constitucional o al denegar excarcelaciones inventando alocadas teorías como que el exfuncionario, obviamente retirado de sus funciones, puede manipular pruebas para frustrar el juicio.-
La independencia del poder judicial, antes que apotegma de los factores dominantes y de sus operadores jurídicos, debe ser reivindicación de los sectores populares para acelerar el proceso de democratización de la justicia, haciéndole perder su sentido de casta, de poder asentado en intrincada y menguada legitimidad; y que se despoje de su función de control y dominación social.
La pretensión de afianzar la independencia judicial ha señalado caminos varios que han enfatizado la participación social y la necesidad de horizontalizar los cargos judiciales suprimiendo las jerarquías e instituyendo la no superioridad de unos sobre otros, más allá de las funciones que les cabe en las concretas circunstancias de su ejercicio; de poner a funcionar los juicios por jurados con integración plural y para que las sentencias tengan legitimación social; de ampliar la representación de los Consejos de la Magistratura permitiendo la incorporación de la sociedad civil; de aumentar el control social en la designación y promoción de los jueces impidiendo toda forma de nepotismo; de instituir exámenes periódicos de certificación de idoneidad técnica y evaluación ética; de modificar las enseñanzas del derecho inclinándola por la protección del más débil; de imponer nuevos paradigmas de protección al interés social en aquellas causas que impliquen la defensa de derechos colectivos o sociales desterrando acatamiento de la neutralidad boba del operador judicial; de instituir concursos orales y públicos en la selección de los jueces a partir del convencimiento que no se está en presencia de un concurso académico y liberarse de la enseñanza que hace ver el derecho de una sola manera, que no es la manera que más se ajusta con las realidades de los países que están en la periferia.
En suma, la independencia de la justicia es una permanente batalla cultural que los sectores populares tienen la obligación de dar, con solvencia y consistencia argumentativa.
*Abogado. Ex juez federal
