30 años en la Europa neoliberal

Por Paloma López Bermejo y Ramn Boixadera Bosch*

En retrospectiva, las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial representan el último avance del movimiento obrero en Europa. Fue en esa época y a pesar de la notable resiliencia de las fuerzas conservadoras que los partidos y organizaciones del trabajo conquistan importantes victorias en la propiedad pública, la negociación colectiva y los derechos sociales, hasta el punto que éstos acaban conformando, en gran medida, el núcleo duro del modelo social europeo.

La incorporación de España a la CEE, predecesora de la actual UE, está marcada por la diacronía entre las aspiraciones populares a una democracia de ese tipo y el inicio del ciclo neoliberal, que pronto se constitucionalizaría en el Acta Única Europea, que sustituiría al trabajo por las «libertades fundamentales», tales como el “libre” movimiento de capitales e inversiones, como clave de bóveda de la política económica.

Huelga decir que fue el PSOE quien cabalgó estas contradicciones y marcó las directrices del aggiornamiento europeo de la izquierda española. El estado del Bienestar y las reclamaciones salariales debieron acomodarse a un programa de liberalización forzada de la economía, en la que los intereses de las finanzas y grandes grupos multinacionales actuaron de piloto de la transición económica.

Se procede así al desmantelamiento de buena parte del tejido productivo tradicional, acentuándose la dependencia del endeudamiento exterior, las importaciones y de la producción dentro de las cadenas de valor multinacionales -activamente mediante la privatización de activos públicos, de la que la venta de SEAT es quizá la más simbólica, o las reconversiones de sectores como la siderurgia, las minas o el naval.

 

 

La llegada de los fondos de la Política Agraria Común y de Cohesión supuso una importante contribución al mantenimiento de los ingresos rurales y de las zonas más afectadas por la desindustrialización, completando el embrionario estado redistributivo de la democracia. Pero si a pesar de sus insuficiencias, representaron un colchón social frente al declive productivo y el elevado desempleo de muchas regiones españolas, nunca se aprovecharon para constituir un auténtico vector de desarrollo.

La “modernización” económica escondía un modelo productivo donde los servicios de bajo valor añadido y elevada precariedad laboral, como la construcción y el turismo, iban a adquirir una importancia desproporcionada. La crisis de los ’90, en la que el desempleo rozó el 25%, fue una primera advertencia de la insostenibilidad de este patrón -en el que sin embargo, se optó por profundizar.

A pesar de los clásicos, la historia se repite como tragedia después de la tragedia: hasta la crisis actual.

Pero el proyecto iniciado en los ’90 no significó tan sólo la repetición del esquema privatizaciones-precariedad-dependencia-burbuja, sino que el neoliberalismo radicalizó su construcción política, mediante el proyecto de Maastricht.

De nuevo, fue la socialdemocracia el pivote de este impulso, justificando su previa conversión al neoliberalismo en el contraste entre la integración económica europea y la fragmentación de la soberanía política. Sin unión política la competencia económica entre Estados era la que imponía como tendencia de fondo una caída de los salarios y la protección laboral, amén de estrictas políticas de ajuste, para seguir atrayendo el crédito y la inversión exteriores.

Pero tal y como denunció Izquierda Unida, una unión política en ausencia de controles democráticos sólo acabaría consolidando la subordinación de las políticas europeas a las exigencias de los mercados, tal y como se evidenciaría tras la crisis de 2008.

El euro, particularmente, se ha institucionalizado como instrumento de «intervención permanente» en favor de la austeridad y las reformas laborales, con el que el BCE presiona a los estados amenazando con cerrar el grifo de la liquidez bancaria y pública. Pero también los presupuestos europeos se recortan, las iniciativas de armonización se paralizan y la política de competencia se utiliza de manera cada vez más agresiva contra cualquier veleidad de transformar la estructura productiva frente a los designios del mercado.

Tan segura se encuentra Europa en su ofensiva, que se plantea incluso recrear a nivel mundial, a través de nuevos acuerdos comerciales, muchas de las políticas de agresiva liberalización impuestas internamente, ya sin perspectiva alguna de redistribución global o construcción de nuevas organizaciones democráticas multilaterales con las que endulzar su proyecto.

No cabe en esta situación el euroconformismo, la idea que el marco neoliberal de las políticas europeas puede confrontarse desde una racionalidad superior como pretenden los partidos mayoritarios. Pero tampoco la actitud naïf de creer que basta romper con las instituciones europeas para hacer realidad las aspiraciones frustradas hace 30 años.

Porque la construcción europea se encuentra enraizada en dos fenómenos de onda larga: la pérdida de centralidad del movimiento obrero y las dificultades impuestas por la creciente apertura comercial y la disciplina del crédito y la inversión exteriores, que marcaron la crisis del viejo modelo keynesiano.

Es por ello que el debate sobre las instituciones europeas no puede ni debe abrirse al margen de un proyecto alternativo de sociedad. Es tiempo de resistencia, de construir una participación activa, masiva y consciente, capaz de enfrentarse a la disciplina del mercado y de apostar por una sociedad distinta, más basada en el reparto del trabajo y la propiedad pública que no en el crecimiento insostenible y la redistribución keynesianos -cuya crisis es, al fin y al cabo, el huevo de la serpiente de la Europa neoliberal.

 

*Paloma López Bermejo | Eurodiputada de Izquierda Unida

Ramon Boixadera Bosch | Economista y asistente parlamentario