La explotación del litio en Argentina: ¿negocio para quiénes?

Por Bárbara Balesta*           

 

Desde hace algún tiempo se escucha frecuentemente, en distintos ámbitos, aún desde el progresismo, que la Argentina “se va a salvar” gracias a la explotación y exportación de diversas materias primas que el mundo requiere actualmente y que seguirá necesitando cada vez en mayor medida, como el caso del litio.

  Se ha registrado que Argentina, Bolivia y Chile concentran entre el 60% y el 65% de los recursos de litio conocidos en todo el mundo –zona denominada el Triángulo del Litio- y se conoce que este metal es imprescindible para fabricar la nueva generación de baterías recargables que los países más industrializados consideran estratégicas para realizar la transición energética hacia fuentes renovables y desarrollar la electromovilidad. Se estima que la demanda del litio se va a incrementar 40 veces para 2040. Si los requerimientos de vehículos y de energías renovables aumentan de la manera que se prevé en los ‘Acuerdos de París contra el cambio climático’, puede llegarse al límite del suministro de varios minerales entre los que se encuentra este recurso, antes de 2050. Es evidente entonces, que el litio es y seguirá siendo necesario en la actualidad y por lo menos a mediano plazo. Lo que vale preguntarse es cuan significativo resultará para la recaudación de divisas en nuestro país. Se debería estimar cuánto aporta la extracción del litio en salmuera al desarrollo argentino en la actualidad, teniendo en cuenta sus condiciones de explotación; para dilucidar esta cuestión, vale recabar alguna información sobre el estado actual. En Argentina la explotación del litio no es un fenómeno novedoso, sino que se remonta a 1997 con la implementación del Proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, a cargo de Livent, empresa de capital norteamericano. En mayo de este año, Livent fue protagonista de una denuncia en la cual se establece que subfacturó exportaciones por un valor de 8 millones de dólares, solo durante 2018 y 2019. A esto se suma la negativa de la firma a pagar un canon por las ingentes cantidades de agua que utiliza para la extracción, en una zona caracterizada como de fuerte stress hídrico. En Jujuy, la sociedad multinacional Sales de Jujuy S.A. extrae salmueras del Salar de Olaroz y exporta alrededor de doce mil toneladas anuales de carbonato de litio, por cuyo negocio deja, en la provincia, regalías por menos del 2% de las ventas que declara. La materia prima luego, es refinada en el exterior. En julio de este año, la empresa china Ganfeng, adquirió a Pluspetrol, por 962 millones de dólares, un yacimiento de litio que esta compañía había comprado en 2018 a 83 millones de dólares. Esto puede suceder porque el Código Minero que rige en nuestro país permite, que cualquier empresa, con capitales de cualquier origen, acceda a yacimientos de litio a perpetuidad y luego puedan venderlos, hipotecarlos o arrendarlos a voluntad. Asimismo, la Ley de Inversiones Mineras (1993) habilita a las empresas que exploten las concesiones, a gozar de grandes exenciones impositivas, estabilidad fiscal y a pagar un bajo porcentaje de regalías (no más del 3%) por el valor declarado de las ventas. No solo gozan de estas ventajas, aseguradas por normativas pergeñadas durante el gobierno neoliberal de los noventa, sino que reciben, en líneas generales, un reintegro a las exportaciones, que supera al monto pagado por regalías provinciales. Argentina y la desregulación Todas las características de explotación del litio que se han descrito convierten a la Argentina en el país con menor control sobre la renta minera del recurso en la región. Mientras que, en Bolivia, Evo Morales hace catorce años lo ha nacionalizado, para la legislación chilena constituye un recurso estratégico y recientemente, Boric anunció la creación de una Empresa Nacional del Litio para su desarrollo y producción. Recientemente se ha conocido un informe sobre el litio, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, con sede en Washington, en el que se propone avanzar sobre el litio argentino, entre otras razones, porque es el más desregulado. Este interés se vincula con la disputa entre Estados Unidos y China por el control de su producción. Según las previsiones de escasez mundial en la obtención del mineral se estima que, a mediano plazo, los países latinoamericanos que comprenden el Triángulo del Litio constituirán las únicas reservas de extracción rápida. No resulta extraño, entonces, el reciente discurso del embajador norteamericano en el Consejo de las Américas, instando a que se arme ya, una coalición de gobierno que les permita “ayudarnos” a vender nuestras materias primas –dentro de las cuales mencionó expresamente al litio- al mundo. Todas las cuestiones planteadas nos llevan a proponer un cambio en el manejo de la cadena del litio para lo cual sería necesario realizar una reforma normativa que posibilite mayor participación estatal, así como mejorar la participación de las provincias y las comunidades locales. En 2020, el Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio de la Argentina, si bien destacó el importante crecimiento de investigaciones en diversas líneas temáticas relacionadas con la obtención y usos de litio, advirtió sobre la imperiosa necesidad de “asociarlas a un plan de desarrollo nacional, inclusivo, federal, democrático y de sustentabilidad fuerte”. Litio: recurso minero o recurso industrial Nuestro país está realizando avances en aspectos de su industrialización; en tal sentido, se puede mencionar la instalación de la primera planta de desarrollo tecnológico de celdas y baterías de litio entre Y-TEC, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Por otra parte, en julio pasado, se firmó un convenio entre Y-TEC y Yacimientos de Litio Bolivianos, para la colaboración científico-tecnológica para la producción de celdas y baterías de ion litio con tecnología autónoma. Recientemente, Y-TEC y Tianqi Lithium – una de las tres empresas más importantes a nivel mundial dedicadas al litio—, firmaron un acuerdo para invertir conjuntamente en la exploración, explotación, producción, comercialización e industrialización de este valioso mineral. La cuestión fundamental en este tipo de convenios consiste en la posibilidad de la transferencia tecnológica a la Argentina. Si el litio se declara como “recurso estratégico”, esto permitiría sustraerlo del Código de Minería, fortalecer la posición de los estados nacional y provinciales para negociar con las empresas que hoy controlan parte de los recursos y restringir la especulación inmobiliaria y financiera vinculada a las concesiones. Argentina, a nivel científico, está en condiciones de llevar adelante proyectos vinculados a toda la cadena del recurso. Por otra parte, estas capacidades también comprenden el desarrollo de aplicaciones estratégicas como la producción de litio-6 y litio-7, que se utilizan en la producción de energía nuclear. Por estas aplicaciones, la ONU define al litio como material fusionable especial y considera que debe controlarse su comercialización. Para ello, en el país contamos con la posibilidad de delegar esta facultad en la Comisión Nacional de Energía Atómica, para lo cual, previamente, debería legislarse al efecto. Otros investigadores proponen elaborar regulaciones específicas para considerar al litio como industria química estratégica y no como minería convencional. Como se puede observar, existen varias opciones de regulación que permitirían excluir al litio del Código de Minería, para lograr una explotación, tratamiento y comercialización más favorables a nuestros intereses soberanos. Asimismo, resulta necesario acrecentar la inversión nacional en tecnología y avanzar en la coordinación tanto productiva como comercial con Bolivia y Chile. Actualmente, se alzan voces en disrupción con el discurso tradicional de las grandes corporaciones mineras; como ejemplo, Jeannette Sánchez Zurita -experta de CEPAL- advirtió sobre la falta de articulación entre las estrategias nacionales y llamó a dejar de lado la nociva competencia entre Estados por la atracción de Inversiones Extranjeras Directas a costa de bajar tributos, derechos laborales y protección ambiental. Hasta aquí hemos descrito algunos aspectos sobre la situación actual de explotación del litio, que ponen en cuestión las supuestas ventajas que, en estos términos, suponen para nuestro país. Como hemos señalado, existen caminos alternativos que pueden garantizar nuestra soberanía sobre estos bienes y no someternos al rol de proveedores de materias primas al que nos quieren condenar los intereses transnacionales. Asimismo, cuando se estiman los costos y beneficios de su explotación se deben tener en cuenta los aspectos ambientales y sociales. Por ello creemos que se deben implementar mecanismos de consulta y participación de las comunidades en la toma de decisiones, protección de salares y preservación ambiental, cuyos pormenores no han sido tratados en esta caracterización y serán objeto de una próxima contribución.
*Presidenta Frente Grande La Plata. Coordinadora Equipo de Ambiente, Ciencia y Tecnología de la Fundación Acción para la Comunidad

No comments yet.

Join the Conversation